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Sigue pesada la mochila tributaria sobre el campo

En una nota publicada en la revista de CRA, Juan Manuel Garzón señaló que en la Argentina de hoy los impuestos al productor agropecuario siguen siendo altos.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el acompañamiento de los gobiernos provinciales, llevó la presión tributaria sobre la actividad agrícola a niveles récord. De acuerdo a estimaciones de IERAL, que incluyen los seis principales impuestos que recaen sobre la actividad, la carga tributaria representó el 84% de la ganancia de un “establecimiento de referencia” de zona núcleo en el ciclo agrícola 2014/2015 (Marcos Juárez, sudeste de Córdoba, producción sobre campo propio). Esta obligación de transferir recursos privados hacia el Estado era más costosa todavía en zonas alejadas de los puertos. Además de haber tenido el establecimiento problemas productivos, es decir, rindes efectivos menores a los normales (que son los usados en la estimación previa), los impuestos podían quedarse con todo el excedente o, peor aún, con parte del capital de la empresa agropecuaria.

Más de la mitad de esta transferencia de recursos hacia el Estado se generaba por los Derechos de Exportación. Otros impuestos que recaían “con peso” sobre la actividad, ordenados de mayor a menor impacto, eran (y son), el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto Inmobiliario Rural, el Impuesto a los Ingresos Brutos, el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el Impuesto de Sellos. Nótese que tres de estos impuestos son administrados por el gobierno nacional y tres por los gobiernos de provincia; dos de ellos afectan específicamente al campo (Derechos de exportación e Impuesto Inmobiliario Rural) y los cuatro restantes recaen sobre todas las actividades productivas (Impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, de Sellos, Ingresos Brutos).

El impuesto más cuestionado, por mucho, es el Derecho de Exportación; éste último se encuentra en desuso en el mundo debido a que, en relación con otros instrumentos, genera más distorsiones en el funcionamiento de la economía y no garantiza un tratamiento equitativo entre sus contribuyentes (todo productor paga el mismo monto por unidad producida, independientemente de sus condiciones y posibilidades económicas).

Con el cambio de gobierno y las nuevas medidas adoptadas ha disminuido la presión tributaria sobre el campo. La decisión de mayor impacto ha sido la eliminación de derechos de exportación a todos los productos con excepción de la soja y sus derivados. Otra política que también ha beneficiado al sector (entre otros), es la creación de un marco regulatorio diferenciado para empresas pequeñas y medianas (“Ley PyME”), que incluye algunos beneficios tributarios (caso de una reducción en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios).

Pero debe advertirse que la presión tributaria sigue aún muy alta; sucede que el principal producto del campo, la soja, paga un derecho de exportación del 30%. De acuerdo con las estimaciones, el establecimiento agrícola de referencia antes mencionado soportó una carga tributaria legal del 60% de su ganancia en la campaña 2015/2016. Es decir, la presión tributaria bajó 24 puntos porcentuales en este caso particular, pero los impuestos siguen altos. No hay otra actividad productiva en la economía que tribute a estos niveles.

Presión tributaria legal sobre el excedente agrícola*. Campañas 2014/2015 y 2015/2016.

* Impuestos a pagar en relación a márgenes netos. Incluye carga tributaria formal asociada a Derechos de Exportación, Impuesto a las Ganancias (35%), Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto a los Ingresos Brutos (ventas interjurisdiccionales y carga sobre insumos) e Impuesto de Sellos. Producción en campo propio en proximidades de la localidad de Marcos Juárez (Sudeste de Córdoba). **Sistema de producción 52,5% Soja de Primera, 30% Maíz, 17,5% Trigo / Soja de Segunda.

Nota: Los porcentajes incluyen el efecto “cupos de exportación” sobre trigo (campañas 2014/15 y 2015/16) y maíz (2014/15).

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.

El peso de los impuestos no se limita a la transferencia de recursos que debe hacer el productor al fisco. Hay que agregar costos adicionales que surgen de la necesidad de interpretar y cumplir con lo que exigen las normas tributarias (gastos en asesores impositivos, en personal administrativo adicional, en tiempo dedicado para definir estrategias impositivas, etc.). Se suman también algunos problemas de implementación en impuestos considerados a priori “neutrales”, como es el caso de los saldos a favor en IVA que suelen tener muchos productores, que se generan tanto por diferencial de alícuotas como por los esquemas de recaudación vigentes (retención de IVA), que en todos los casos tienen un costo financiero (prestar recursos al fisco a tasa cero) y en algunos hasta un costo económico (subsidiar al fisco).

Un dato interesante es que todos los Estados, incluso los de provincias no productoras, se han beneficiado de esta elevada presión tributaria. En efecto, vía el Fondo Federal Solidario (más conocido como “Fondo Sojero”, que distribuye entre provincias los derechos de exportación sobre la oleaginosa) y el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, los impuestos que paga el campo llegan a la Nación y a todas las provincias.

De acuerdo a estimaciones de IERAL, de cada $ 100 de presión tributaria legal, aproximadamente $ 10 quedan en la provincia productora (donde se desarrolla la actividad), $ 60 van al gobierno nacional (Tesoro y ANSES) y $ 30 al resto de las provincias del país (vía Copa y FFS).

Presión tributaria legal sobre la actividad agrícola. ¿Quién recibe los impuestos que paga el campo? Campaña 2015/2016.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.


En tiempos difíciles para muchas zonas productivas del país por efectos climáticos muy adversos, donde crecen los reclamos por el faltante y el mal estado de la infraestructura productiva (rutas, caminos, obras hídricas, etc.), un dato que debe recordarse (a pesar de que duela) es la enorme recaudación que tuvo el Estado Nacional en concepto de derechos de exportación durante los últimos años. De acuerdo a estimaciones de IERAL, los derechos pagados para poder exportar granos o sus principales derivados industriales se habrían aproximado a los 1,47 billones de pesos entre 2003 y 2015 (a precios de 2016), unos 95.000 millones de dólares (a una paridad cambiaria de $ 15,50 por dólar).

Para tener una perspectiva, considerando que un kilómetro de autopista cuesta 2 millones de dólares, la transferencia de recursos que hizo el campo en concepto de derechos de exportación equivale a la construcción de 47,5 mil kilómetros de autopistas (la red vial Argentina tiene actualmente unos 5 mil kilómetros de vías rápidas, incluyendo autopistas y autovías).

Finalmente, nótese que el ciclo agrícola 2015/2016 también sufrió los derechos sobre la exportación de productos del complejo sojero, en este caso ya con el nuevo gobierno; se estima un aporte aproximado de 72.000 millones de pesos (unos 4.600 millones de dólares). Y el ciclo 2016/2017, actualmente en marcha, también aportará una cifra similar o mayor a las arcas fiscales dependiendo de dónde se ubiquen tanto la producción como los precios de exportación de la soja. Se podrán hacer muchas obras con estos fondos. Para que la historia no vuelva a repetirse, el sector deberá reclamar y estar muy atento a que estas obras finalmente se concreten.

Transferencia de recursos desde el campo hacia el Estado en concepto de derechos de exportación sobre granos y sus principales derivados industriales.

En millones de pesos, a precios de 2016.

Fuente: Estimación de IERAL de Fundación Mediterránea.


Por Juan Manuel Garzón, economista jefe de IERAL de Fundación Mediterránea.

El dirigente de CRA por Corrientes, Gerardo Condado, expone la triste situaci