Revista de CRA

El compromiso de todos para una producción sostenible

Desde hace más de un siglo que nuestro país se caracteriza por la capacidad de innovación en el desarrollo de la producción de alimentos.

Cuatro décadas atrás, la siembra directa fue el estandarte con el que los productores de nuestro país se pusieron al frente de la revolución agrícola, que posibilitó aumentar la producción en base a mejores rendimientos.

Uno de los grandes retos de nuestro mundo consiste en la producción de alimentos para una población en constante crecimiento, bajo sistemas que contemplen la adaptación y resiliencia al cambio climático.

Estamos convencidos de que la Argentina tiene los recursos naturales, tecnológicos y humanos para hacer frente a estos desafíos, colocando al sector agroindustrial argentino en una posición de vanguardia frente a la búsqueda de inversiones internacionales.

En los últimos años la producción con fitosanitarios está bajo la lupa y el Estado, hasta ahora, no se ocupó de la discusión, dejando en el centro de la polémica al productor. Hoy el Gobierno Nacional sabe que debe tener un rol más activo en pos de potenciar la producción sostenible de alimentos, estando presente en cada uno de sus eslabones.

Bajo esa premisa, se dictó la Resolución Conjunta 1/2018 que conforma un Grupo de Trabajo integrado por expertos de las secretarías de Agroindustria, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Salud, Ciencia y Tecnología, junto con el Senasa, el INTA y representantes del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) y del Consejo Federal Agropecuario (CFA), para avanzar en un conjunto de lineamientos de políticas sobre aplicaciones de fitosanitarios, que sirvan de marco de referencia, para implementar en los diferentes puntos del país.

El grupo de trabajo presentó un informe que propone doce principios que regirán las políticas públicas a nivel nacional sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento. Estos principios ofrecen una guía para abordar el cuidado de la salud, del ambiente y de la producción agrícola, sobre la base de instituciones apoyadas en el conocimiento científico-tecnológico.

Además, encuadra 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas. Entre ellas se destacan: el impulso a un proyecto de ley nacional sobre aplicación de fitosanitarios, la creación de una Plataforma de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Además, se encuentran procedimientos para prevenir efectos no deseados sobre la salud y el ambiente, capacitación, comunicación pública, fomento de las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado.

El informe, elaborado durante 90 días, fue puesto a consideración de los diversos actores de la población con gran éxito, que lo enriquecieron con las sugerencias hechas a través de las más de 6.000 visitas a la plataforma de argentina.gob.ar.

El objetivo del trabajo, elaborado por actores de diferentes áreas, es que funcione como instrumento para avanzar en políticas públicas que mejoren la vida de los productores y los ciudadanos que se encuentren en estas zonas productivas.

Para alcanzar esta meta, estamos convencidos de que hay que trabajar en equipo, coordinados con las provincias y los municipios. Por eso desde el Gobierno Nacional llevamos adelante una campaña para sumar la adhesión a este documento de los diferentes municipios del país, como ya lo han hecho catorce, de la provincia de Entre Ríos, los cuales adhirieron a las Buenas Prácticas de aplicación de fitosanitarios.

Con esto, estamos seguros de que vamos a incentivar tanto la producción como la disminución de la huella ecológica y la adaptación a las limitaciones que nos imponen el cambio climático, la falta de agua y la escasez de tierra para la actividad agrícola.

Nuestra agroindustria tiene un potencial capaz de producir alimentos al finalizar la próxima década para 600 millones de personas, una cifra quince veces superior a la de la población de nuestro país. Esto requiere el esfuerzo de todos los sectores, para así contribuir a fortalecer el equilibrio entre el ambiente y la actividad humana, de manera de ayudar a satisfacer las necesidades presentes y las futuras sobre una sólida base científica que asegure más alimentos de calidad para nuestro país y el mundo.