Divorcio entre ideología y repúblicaColumna de opinión del vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker.
La decisión presidencial de determinar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia la intervención de la empresa agroexportadora del Grupo Vicentín y al mismo tiempo comunicar el envío de un proyecto de ley al Congreso para definir su expropiación, genera sorpresa y preocupación.
Se advierte un avance claro y certero del Poder Ejecutivo sobre temas de decisión que le competen al Poder Judicial. Del mismo modo, queda en evidencia el avasallamiento del Estado sobre el derecho de propiedad privada, lo que sienta un precedente peligroso en materia de seguridad jurídica y genera un clima de incertidumbre que para nada ayuda en favorecer un escenario propicio y amigable para la inversión privada, en un momento de la historia del país en el que asoma imperiosa la necesidad de creación e ingreso de divisas genuinas que mitiguen el elevadísimo índice de pobreza que castiga a nuestra sociedad.
Bajo el manto piadoso de una causa noble - preservar las fuentes de trabajo - se intenta justificar la intervención e intromisión estatal en un problema generado entre privados que debió haber resuelto la Justicia de forma absolutamente independiente. Las advertencias y amenazas que lanzaron cual globos de ensayo diferentes simpatizantes de un sector del Gobierno Nacional en el sentido de avanzar sobre la propiedad de empresas que recibieron apoyo del Estado, finalmente parecen plasmarse en esta acción presidencial.
Resta apelar al debate maduro y desprovisto de sesgos ideológicos que debe llevarse a cabo en el Congreso de la Nación para terminar de definir el destino de esta aventura estatista.
Existen sobrados ejemplos de la impericia del Estado en la administración de empresas que terminan siendo un costosísimo refugio de amigos del poder de turno, cuando no sitios propicios para manejos poco claros de gigantescas partidas presupuestarias.
Resulta imprescindible el respeto de principios fundacionales de la Nación, sin atropellos antojadizos que debiliten el debate de ideas y la inclaudicable división de Poderes del Estado.
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La decisión presidencial de determinar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia la intervención de la empresa agroexportadora del Grupo Vicentín y al mismo tiempo comunicar el envío de un proyecto de ley al Congreso para definir su expropiación, genera sorpresa y preocupación.
Se advierte un avance claro y certero del Poder Ejecutivo sobre temas de decisión que le competen al Poder Judicial. Del mismo modo, queda en evidencia el avasallamiento del Estado sobre el derecho de propiedad privada, lo que sienta un precedente peligroso en materia de seguridad jurídica y genera un clima de incertidumbre que para nada ayuda en favorecer un escenario propicio y amigable para la inversión privada, en un momento de la historia del país en el que asoma imperiosa la necesidad de creación e ingreso de divisas genuinas que mitiguen el elevadísimo índice de pobreza que castiga a nuestra sociedad.
Bajo el manto piadoso de una causa noble - preservar las fuentes de trabajo - se intenta justificar la intervención e intromisión estatal en un problema generado entre privados que debió haber resuelto la Justicia de forma absolutamente independiente. Las advertencias y amenazas que lanzaron cual globos de ensayo diferentes simpatizantes de un sector del Gobierno Nacional en el sentido de avanzar sobre la propiedad de empresas que recibieron apoyo del Estado, finalmente parecen plasmarse en esta acción presidencial.
Resta apelar al debate maduro y desprovisto de sesgos ideológicos que debe llevarse a cabo en el Congreso de la Nación para terminar de definir el destino de esta aventura estatista.
Existen sobrados ejemplos de la impericia del Estado en la administración de empresas que terminan siendo un costosísimo refugio de amigos del poder de turno, cuando no sitios propicios para manejos poco claros de gigantescas partidas presupuestarias.
Resulta imprescindible el respeto de principios fundacionales de la Nación, sin atropellos antojadizos que debiliten el debate de ideas y la inclaudicable división de Poderes del Estado.
