AgroNoticias
MARCHA CON TRACTORES EN LA CIUDAD DE PARANA

Fuerte suba en varias provincias del impuesto inmobiliario rural

En Entre Ríos es de 600% promedio. Habrá alzas en Santa Fe y en Buenos Aires.

Un campo mixto (agrícola ganadero) de 950 hectáreas ubicado en Gualeguay, Entre Ríos, pagaba en 2002 unos 8.000 pesos de Impuesto Inmobiliario Rural. Ocho años después, y tras el boom de la soja, debía abonar 72.000 pesos, una cifra posiblemente justificada. Pero a partir de 2010, y debido al creciente déficit de los presupuestos provinciales, hubo un fuerte salto. El mismo campo pagó 110.000 pesos en 2011 y debería abonar nada menos que 280.000 pesos si se concreta el aumento ya previsto. Esto es: desde el fin de la convertibilidad el tributo le subió 3.000%.

La situación particular de este productor (que podría ser considerado de mediano a grande) sirve para entender la fuerte resistencia que despertó entre los chacareros de Entre Ríos la suba del Inmobiliario Rural que pretende aplicar el gobierno de Sergio Urribarri. Pero no es el único caso, pues las provincias de Buenos Aires y Santa Fe anunciaron que preparan zarpazos semejantes que mellarán la rentabilidad agropecuaria.

En todos los casos se habla de incrementos que suenan grotescos, aunque deberían ser analizados caso a caso. En Entre Ríos, la Mesa de Enlace a nivel provincial convocó a una marcha de tractores hacia Paraná el próximo lunes, en rechazo de un impuestazo que, según sus dirigentes, promedia el 600% . En Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli analiza un revalúo de tierras rurales de hasta 500%.

Y en Santa Fe, Antonio Bonfatti impulsa una reforma fiscal destinada a “triplicar” lo que se recauda allí de los propietarios de tierras rurales.

Las casualidades no existen. La pretensión común de estos territorios muestra la débil situación financiera de muchos gobiernos provinciales, que tampoco pueden recurrir al Estado Nacional como hasta hace poco. Tampoco parece alcanzarles ya los millones que provincias y municipios reciben del Fondo Sojero, conformado luego del conflicto de 2008 con el 30% de lo que se recauda por las retenciones a las exportaciones agrícolas. Según el economista Juan Rey Kelly, de CRA, por ese concepto la Rosada giró unos $ 12.000 millones en 2011.

“No dudamos que esta definición no solo afectará la inversión futura del sector, sino que además profundizará el grave proceso de concentración y desaparición de productores”, afirmó en un comunicado la Mesa de Enlace entrerriana, en un manifiesto que bien podría representar al resto de las provincias. La filial local de la Federación Agraria, capitaneada por Alfredo De Angeli, incluso llegó a recomendar a sus socios no pagar la primera cuota del Inmobiliario.

En Buenos Aires, las rurales nucleadas en CARBAP también se pusieron en alerta. Tras analizar los anuncios de Scioli, esa entidad recordó que existen “más de 70 distritos en estado de emergencia y desastre agropecuario” por la sequía, cuyos productores mal podrían enfrentar un fuerte aumento del tributo provincial.

El gobierno socialista de Santa Fe también se prepara para la pulseada con su sector rural. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, aseveró que “hay un atraso considerable” en el Inmobiliario Rural. Y añadió: “Cualquiera que agarre su boleta podrá ver que la valuación fiscal de la hectárea en la zona núcleo de Santa Fe está en los 3.000 pesos, cuando el valor de mercado llega a US$ 15.000”.