No es el tiempo ni el modo para empujar la reforma judicial
Comunicado de CRA.
El Gobierno Nacional ha puesto en discusión un proyecto de reforma del sistema judicial federal, la iniciativa se encuentra en el Congreso Nacional a la espera de su tratamiento.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas nos parece totalmente inoportuno el momento elegido, en tiempos en donde la pandemia y la crisis económica derivada de la misma, merecen que el Gobierno no derroche, ni tiempo, ni recursos, ni discusiones polÃticas encendidas, cuando todos necesitamos consensos, unidad y criterios compartidos para salir del agobio en el que nos encontramos.
La reforma judicial propuesta, requiere un muy importante financiamiento, porque se trata de agregar a lo existente, nuevos Juzgados, Jueces, Fiscales, Defensores, SecretarÃas y demás, este gasto resulta hoy incompatible con la crisis económica que vivimos y que no sabemos cuándo y cómo habrá de concluir.
No se trata de restarle valor a un pilar esencial de la República, la Justicia lo es y es clara su trascendencia, solo que el momento no es el indicado, hay urgencias que nos interpelan en el dÃa a dÃa y ellas, no están resueltas.
Toda la energÃa del Gobierno, los actores polÃticos, las instituciones y la sociedad, deben estar puestas al servicio de lograr consensos en polÃticas públicas, que ordenen la macroeconomÃa, superen la recesión, generen empleo y divisas, reduzcan el déficit fiscal y mejoren las condiciones de vida y seguridad de los ciudadanos.
Confiamos en que a futuro, habrá mejores condiciones para un tratamiento sosegado, participativo y consensuado de la reforma propuesta, que nos permita visualizar necesidad en el marco de un desarrollo más armónico de nuestros gravÃsimos problemas económicos.
El reclamo popular, no es de mayores gastos, es de una justicia independiente del poder polÃtico, comprometida solamente con la estricta aplicación de la ley, llevada adelante por jueces probos y ello se puede concebir sin grandes recursos económicos -de los que carecemos- solo con dejar funcionar plenamente y sin interferencias las actuales Instituciones de la República y respetando, en todo, a la Constitución Nacional.