Yerba mate: la desregulación como política y el retorno a un desequilibrio conocido

En el marco del conflicto que atraviesa actualmente el sector yerbatero, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) mantuvo un diálogo con su director Roberto Buser, representante de CONINAGRO en el directorio del organismo. A partir de este intercambio, Buser brinda su mirada sobre las consecuencias que la desregulación del mercado está teniendo en la producción y el empleo rural, y analiza las implicancias económicas, sociales y laborales de las medidas adoptadas desde fines de 2023, así como su impacto directo sobre productores y trabajadores del sector.

Por Roberto Buser:

La desregulación del mercado yerbatero, profundizada a partir de diciembre de 2023 con la asunción del presidente Javier Milei y la puesta en marcha del DNU 70/2023, marcó un punto de inflexión para el sector. A través de esa norma, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue despojado de sus principales funciones, entre ellas la capacidad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de promover un mercado más eficiente o competitivo, esta decisión generó un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva.

En apenas tres o cuatro meses desde la entrada en vigencia del DNU, el precio que percibimos los productores cayó de manera abrupta. En términos concretos, pasamos a cobrar alrededor de un 30% menos por la misma producción. Si observamos la evolución de los últimos dos años, la situación es aún más grave: hoy los productores recibimos menos del 50% de lo que cobrábamos por igual volumen de hoja de yerba mate. Esta caída no fue absorbida por toda la cadena, sino que se trasladó casi exclusivamente a los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron al poder pagar menos por la materia prima.

La eliminación del precio de referencia nos dejó sin herramientas de negociación. Antes de la desregulación impulsada por el gobierno de Milei, el INYM calculaba el costo real de producción, teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y demás gastos necesarios para producir. A partir de ese análisis se establecía un precio que nos garantizaba un margen mínimo de rentabilidad y se actualizaba periódicamente para evitar que quedáramos desfasados frente a la inflación. Al desaparecer este mecanismo, quedamos obligados a aceptar los valores impuestos por los grandes compradores, profundizando una desigualdad estructural dentro del sector yerbatero.

Los más afectados por este proceso hemos sido los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no contamos con secaderos propios y debemos vender nuestra producción a secaderos privados, cooperativos o pertenecientes a grandes empresas. Esta situación nos coloca en una posición de extrema debilidad al momento de negociar precios y condiciones de venta. La fuerte caída de los ingresos redujo drásticamente nuestros recursos disponibles para afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa aproximadamente el 67% del costo total de la actividad.

El impacto de la desregulación no se limitó al plano productivo, sino que se trasladó directamente al empleo rural. Ante la imposibilidad de afrontar aportes y contribuciones, muchos productores se vieron forzados a recurrir a esquemas de informalidad. Esta situación afecta de manera directa a los trabajadores rurales, que quedan fuera de la ley y sin cobertura de los sistemas de registración y protección social. En este contexto, el rol del RENATRE resulta central, ya que el organismo es el encargado de garantizar el registro del trabajador rural, el acceso a la seguridad social y las prestaciones por desempleo. La caída de la registración, producto de la crisis económica del sector deja a miles de trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad.

Lejos de tratarse de una situación inédita, la historia del sector yerbatero demuestra que los procesos de desregulación conducen, de manera recurrente, a crisis profundas. Ya en la década de 1930, frente a una situación de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de 60 años permitió ordenar nuestra actividad y sostener el equilibrio del sector. Sin embargo, en la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem y bajo la conducción económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada. Esa decisión volvió a generar fuertes desequilibrios, concentración del mercado y caída de los ingresos de los productores, replicando problemas que hoy reaparecen con claridad.

En aquel período existía un mercado consignatario, dependiente del directorio de la CRYM, donde se fijaba un precio de referencia basado en los costos de producción. Ese valor nos permitía acceder a créditos bancarios, contar con recursos para cosechar y evitar la necesidad de malvender la producción. Con la eliminación de ese sistema durante los años noventa, esa herramienta desapareció, dejándonos expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.

El INYM nació precisamente como respuesta a esa experiencia fallida. Concebido como un instituto público de derecho privado, con una estructura participativa y autónoma, su directorio está integrado por el Estado nacional, los gobiernos de Misiones y Corrientes, los trabajadores rurales a través de la UATRE, los productores, los secaderos y los molineros. Ese esquema de representación permitía el diálogo, el consenso y la toma de decisiones orientadas a equilibrar los intereses de toda la cadena productiva. La eliminación de sus funciones centrales implica desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores del pasado.

A este escenario se suma una causa estructural de la crisis que no siempre se percibe de inmediato. En los años previos a la desregulación, el INYM había realizado un relevamiento georeferencial mediante imágenes satelitales que detectó más de 30.000 hectáreas de nuevas plantaciones de yerba mate que aún no habían entrado en producción. Dado que se trata de un cultivo que requiere entre cinco y seis años para comenzar a rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas al mercado podía generar un exceso de oferta y una caída de los precios.

Para evitar ese escenario, el INYM regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no con el objetivo de prohibir producir, sino de ordenar el crecimiento del sector. Con la desregulación impulsada desde fines de 2023, ese control desapareció y la plantación quedó liberada. En la práctica, quienes comenzaron a invertir en grandes extensiones no fuimos los pequeños productores, sino grandes capitales e inversores con capacidad económica para esperar varios años sin ingresos. Cuando esas plantaciones entran en producción y los precios caen, los más perjudicados somos, nuevamente, los pequeños y medianos productores y los trabajadores rurales.

En la actualidad, la comercialización de la yerba mate se encuentra altamente concentrada: alrededor del 80% de las ventas está en manos de apenas cinco empresas. En este contexto, no se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio en el que los grandes actores compiten por comprar la materia prima al menor precio posible. La pérdida se traslada a los productores, que somos el eslabón más débil de la cadena. Además, el consumo interno de yerba mate es estable y no varía significativamente según el precio en góndola, por lo que la baja del precio en origen no genera mayor consumo, sino una transferencia directa de ingresos.

La norma publicada en el Boletín Oficial en diciembre de 2025 profundiza esta orientación política iniciada con el DNU 70/2023. Al eliminar las últimas herramientas reglamentarias que conservaba el INYM, el gobierno nacional terminó de vaciar al Instituto de toda capacidad de intervención. Desde la mirada oficial, estas normas eran consideradas trabas al mercado. En la práctica, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que afectan de manera directa a productores y trabajadores.

En este escenario, el rol del Estado debería ser el de recuperar herramientas de regulación, lo que no implica frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino garantizar reglas claras y un equilibrio mínimo entre los distintos actores de la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.