Derogan una ley que permitía la libre explotación de tierras virgenes en el delta del Paraná

Tras las diversas protestas de ambientalistas, el gobierno de Entre Ríos decidió derogar la ley que sólo contaba con un mes de funcionamiento. El principal argumento para reclamar en contra de la misma era el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta, ya que se permitía el ingreso de agroquímicos.

El proyecto en cuestión buscaba fortalecer la explotación agropecuaria en las islas, lo que generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral. El proyecto impulsado por el ejecutivo provincial y aprobado por su legislatura creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Dicha Ley (Nº 10.092) fue publicada durante fines del pasado diciembre en el Boletín Oficial.Ahora, la nueva medida limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".Las tierras en cuestión son islas fiscales recuperadas por el estado provincial ya que las mismas estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. Así se obtuvo el control de más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay. Lo que había despertado la polémica además, fue que la derogada ley fue que la administración de las mismas estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.Fue por este motivo que la polémica medida se tuvo que enfrentar a gran cantidad de críticas de las entidades ambientalistas de toda la provincia. Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos. Además se realizaron importantes protestas en Rosario en contra de esta norma. Del otro lado del Paraná, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, criticó que los recursos naturales que son tan importantes para las dos provincias, como para todo el país, "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia".Toda esta agitación provocó que finalmente la decisión fuera dar de baja a la medida sancionada el 26 de diciembre último.