Niegan la inscripción de propiedad a una empresa que compró tierras qom La venta de 5.000 hectáreas fue llevada a cabo por dirigentes de la asociación indígena a espaldas de la comunidad aborigen.
El Registro de la Propiedad Inmueble de Chaco rechazó la inscripción de un título de propiedad a favor de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria S.A. sobre unas 5.000 hectáreas que había adquirido a la comunidad qom en una zona conocida como “Raíz Chaqueña” en cercanías a Pampa del Infierno, en el oeste de la provincia.
El propio ministro de gobierno de la provincia Juan Manuel Pedrini, conjuntamente con a la subsecretaria de Asuntos Registrales, Noelia Canteros, ratificó la “nulidad absoluta” de la venta de tierras pertenecientes a pueblos originarios hace menos de una semana.
Para el funcionario provincial se trató de una operación trucha dado que la enajenación de las tierras de pueblos originarios está prohibida en la legislación local y es incluso inconstitucional para la carta magna provincial.
“Hay que combatir a los compradores inescrupulosos y la irresponsabilidad de algunos dirigentes indígenas que venden las tierras que le fueron entregadas para su custodia como una reparación histórica”, precisó Pedrini. Y es que el acto de compraventa, aunque ilegal, existió.
El caso, según la prensa chaqueña, ocurrió así. En octubre de 2011, las máximos dirigentes de la Asociación Comunitaria Colonia Lpa na a qom -nada menos que el presidente y el secretario- firmaron un boleto de compraventa con representantes de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria S.A. de origen cordobés.
En el acto los dirigentes de la comunidad qom cedían dos predios por un total de 5.000 hectáreas en “Raíz Chaqueña” paraje próximo a Pampa del Infierno, los documentos se firmaron en una escribanía de Quitilipi, pero había un detalle: el resto de la comunidad ignoraba la operación que se estaba realizando.
Un mes más tarde, en noviembre, la firma compradora comenzó una demanda civil contra la asociación indígena reclamando por la escrituración del título de propiedad. Los representantes de la comunidad que firmaron el boleto de compraventa reconocieron la transacción, por lo que a mediados de diciembre un juez de Presidente Roque Sáenz Peña, Zaloff Dakoff falló a favor de la empresa cordobesa.
La firma quedó así habilitada para obtener el título de propiedad, pero el problema surgió porque la sentencia de Dakoff (magistrado cuestionado y sobre quien pesa ya un Jury de enjuiciamiento por fallos no siempre claros) contradecía la legislación vigente en el Chaco sobre propiedad comunitaria de tierras de comunidades aborígenes.
El caso es que con la sentencia a su favor Bajo Hondo Agropecuaria ocupó los predios que había adquirido y desalojó “violentamente” -según los medios locales- a sus pobladores, además de destruir las precarias instalaciones que poseían.
Luego de la ocupación la empresa agropecuaria colocó custodios armados para evitar el ingreso de las familais desplazadas. Un grupo de mujeres moqoit desalojadas presentó una denuncia penal por usurpación y daños contra la empresa de Córdoba y solicitó constituirse en la causa civil para apelar la decisión del cuestionado juez Dakoff.
Pero no solamente la firma Bajo Hondo se negó a la incorporación de las mujeres a la causa, también se solidarizaron con la empresa y rechazaron el pedido los dos dirigentes de la Asociación que habían firmado el boleto de compraventa.
Ahora la situación gana en complejidad, ya que este jueves trascendió que el juez de la causa que falló a favor de la empresa cordobesa es el que deberá resolver si acepta la apelación de la comunidad originaria o no. Aunque la firma a pesar de la cuestionada sentencia no podrá obtener el título de propiedad.
El Registro de la Propiedad Inmueble de Chaco rechazó la inscripción de un título de propiedad a favor de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria S.A. sobre unas 5.000 hectáreas que había adquirido a la comunidad qom en una zona conocida como “Raíz Chaqueña” en cercanías a Pampa del Infierno, en el oeste de la provincia.
El propio ministro de gobierno de la provincia Juan Manuel Pedrini, conjuntamente con a la subsecretaria de Asuntos Registrales, Noelia Canteros, ratificó la “nulidad absoluta” de la venta de tierras pertenecientes a pueblos originarios hace menos de una semana.
Para el funcionario provincial se trató de una operación trucha dado que la enajenación de las tierras de pueblos originarios está prohibida en la legislación local y es incluso inconstitucional para la carta magna provincial.
“Hay que combatir a los compradores inescrupulosos y la irresponsabilidad de algunos dirigentes indígenas que venden las tierras que le fueron entregadas para su custodia como una reparación histórica”, precisó Pedrini. Y es que el acto de compraventa, aunque ilegal, existió.
El caso, según la prensa chaqueña, ocurrió así. En octubre de 2011, las máximos dirigentes de la Asociación Comunitaria Colonia Lpa na a qom -nada menos que el presidente y el secretario- firmaron un boleto de compraventa con representantes de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria S.A. de origen cordobés.
En el acto los dirigentes de la comunidad qom cedían dos predios por un total de 5.000 hectáreas en “Raíz Chaqueña” paraje próximo a Pampa del Infierno, los documentos se firmaron en una escribanía de Quitilipi, pero había un detalle: el resto de la comunidad ignoraba la operación que se estaba realizando.
Un mes más tarde, en noviembre, la firma compradora comenzó una demanda civil contra la asociación indígena reclamando por la escrituración del título de propiedad. Los representantes de la comunidad que firmaron el boleto de compraventa reconocieron la transacción, por lo que a mediados de diciembre un juez de Presidente Roque Sáenz Peña, Zaloff Dakoff falló a favor de la empresa cordobesa.
La firma quedó así habilitada para obtener el título de propiedad, pero el problema surgió porque la sentencia de Dakoff (magistrado cuestionado y sobre quien pesa ya un Jury de enjuiciamiento por fallos no siempre claros) contradecía la legislación vigente en el Chaco sobre propiedad comunitaria de tierras de comunidades aborígenes.
El caso es que con la sentencia a su favor Bajo Hondo Agropecuaria ocupó los predios que había adquirido y desalojó “violentamente” -según los medios locales- a sus pobladores, además de destruir las precarias instalaciones que poseían.
Luego de la ocupación la empresa agropecuaria colocó custodios armados para evitar el ingreso de las familais desplazadas. Un grupo de mujeres moqoit desalojadas presentó una denuncia penal por usurpación y daños contra la empresa de Córdoba y solicitó constituirse en la causa civil para apelar la decisión del cuestionado juez Dakoff.
Pero no solamente la firma Bajo Hondo se negó a la incorporación de las mujeres a la causa, también se solidarizaron con la empresa y rechazaron el pedido los dos dirigentes de la Asociación que habían firmado el boleto de compraventa.
Ahora la situación gana en complejidad, ya que este jueves trascendió que el juez de la causa que falló a favor de la empresa cordobesa es el que deberá resolver si acepta la apelación de la comunidad originaria o no. Aunque la firma a pesar de la cuestionada sentencia no podrá obtener el título de propiedad.