Inmobiliario rural: van a la Justicia en Entre RíosProductores buscan bloquear el aumento.
En medio de la puja con el gobierno de Entre Ríos por las subas de hasta 600% que pretende aplicar en el impuesto inmobiliario rural, la Sociedad Rural de Gualeguaychú recurrió a la Justicia y logró que se convoque a una audiencia conjunta a los productores y a las autoridades provinciales para abordar este tema.
La reunión se realizará el próximo jueves en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, aunque no se sabe si asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el órgano de contralor impositivo.
Según los productores, para disponer los incrementos no se respetó una ley local que ordena considerar el valor promedio de los últimos cinco años para el novillo gordo, que daba 5,30 pesos el kilo. En cambio, sólo se computó el valor del último año, de $ 8,60. Con esa maniobra, el gobierno local pasaría de cobrar 200 millones de pesos por año por este tributo a $ 650 millones.
Los productores esperaban subas del 60 al 70%, pero no de hasta 600% como se busca imponer. Por eso, aguardan que la Justicia deje sin efecto los aumentos. "Lo que nosotros presentamos es una acción de clase por la cual lo que se llegue a juzgar va a ser válido para todos los productores de Entre Ríos", contó Javier Melchiori, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú.
Luis Miguel Etchevehere, productor entrerriano y vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), calificó de "importante" que la Justicia haya convocado a una audiencia. "La idea es que siente un precedente", apuntó.
En medio de la puja con el gobierno de Entre Ríos por las subas de hasta 600% que pretende aplicar en el impuesto inmobiliario rural, la Sociedad Rural de Gualeguaychú recurrió a la Justicia y logró que se convoque a una audiencia conjunta a los productores y a las autoridades provinciales para abordar este tema.
La reunión se realizará el próximo jueves en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, aunque no se sabe si asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el órgano de contralor impositivo.
Según los productores, para disponer los incrementos no se respetó una ley local que ordena considerar el valor promedio de los últimos cinco años para el novillo gordo, que daba 5,30 pesos el kilo. En cambio, sólo se computó el valor del último año, de $ 8,60. Con esa maniobra, el gobierno local pasaría de cobrar 200 millones de pesos por año por este tributo a $ 650 millones.
Los productores esperaban subas del 60 al 70%, pero no de hasta 600% como se busca imponer. Por eso, aguardan que la Justicia deje sin efecto los aumentos. "Lo que nosotros presentamos es una acción de clase por la cual lo que se llegue a juzgar va a ser válido para todos los productores de Entre Ríos", contó Javier Melchiori, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú.
Luis Miguel Etchevehere, productor entrerriano y vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), calificó de "importante" que la Justicia haya convocado a una audiencia. "La idea es que siente un precedente", apuntó.