Santa Cruz no se deja condicionar: es el único gobierno del país que decidió no renunciar a su derecho de establecer áreas naturales protegidasComunicado de FIAS, entidad adherida a CRA.
Santa Cruz es la provincia con más tierras protegidas en el país. Con la sanción de la ley 3.692,denominada de ordenamiento territorial, decide tomar la responsabilidad que como Provincia soberana le corresponde, frente al avance de organizaciones ecologistas internacionales, propiciadas por millonarios internacionales, que deciden sin planificación alguna, determinar áreas protegidas en países subdesarrollados, obedeciendo a objetivos e intereses nunca confesados.
"Es decir, en otras partes del mundo se decide sobre la naturaleza de los países posicionados en un lugar dependiente" Revista de Geografía e Ecología Política, Volumen 2, Número 1,2020, pp.228-269. ISSN: 2674-6816 del artículo "Han tomado la parte del fondo: La territorialización del Parque Nacional Patagonia, Santa Cruz (Argentina)" de Brenda Sofía Ponzi.
Un ejemplo de ello es el Parque Nacional Patagonia, que en marzo de 2013 se aprueba por ley Provincial 3.306, que cede al Estado Nacional jurisdicción y dominio sobre dos parcelas fiscales que suman 18.799,3 hectáreas y 34.011,6 hectáreas de estancia El Saúco, lo que constituyó el núcleo central de 52.810,9 hectáreas del Parque Nacional Patagonia constituido por ley nacional 27.081 de 2015, y que fuera concebido una tarde de abril del 2011 por los millonarios Douglas Tompkins ( estadounidense) y Hansjörg Wyss (suizo).
La cesión de jurisdicción y dominio por ley Provincial 3.306 al Estado Nacional requería el cumplimiento de algunas condiciones en el plazo fijado de tres años, como la mensura, el alambrado perimetral, la custodia de las áreas cedidas, un plan de manejo ambiental, que ninguna se cumplió, sólo se cumplió declararlo Parque Nacional en ese plazo, lo que se concretó, como se dijo, por Ley Nacional 27.081.
En cumplimiento del plan de Tompkins - Wyss, que prevé un Parque Binacional en Chile de 270.000 has. y en Argentina de 500.000 has. Nada menos que toda la meseta del Lago Buenos Aires., la Fundación Flora y Fauna compró las estancias "La Ascención ", "Los Toldos", "El Sauce", "La Tapera", la veranada de "Laurak Bat", "Los Molles", "San Rafael" y "El Unco", que suman más de 150.000 has.
Es ante esta situación de avance de organizaciones ecologistas como Conservation Land Trust, Fundación Flora y Fauna, Fundación Rewilding, y del lado Chileno Patagonia Land Trust, que se transformó en Conservación Patagonia fusionándose con Tompkins Conservation ; resulta auspicioso que el Gobierno Provincial de la Gobernadora Alicia Kirchner haya decidido sancionar la Ley de Ordenamiento Territorial 3692, a fin de determinar fundadamente las áreas que deben ser protegidas por razones ambientales y ecológicas y las que están libradas a la actividad económica.
Estas organizaciones ambientalistas en nombre de la conservación y ecología ponen a los Estados Nacionales y Provinciales en la disyuntiva de aceptar donaciones de tierras
con cargo a que se constituyan áreas protegidas, decidiendo ellos, en lugar de los Estados soberanos; e imponiéndoles condiciones de conservación de alto costo, que ellos que se dicen interesados en la preservación ambiental, no asumen, y todo con la reserva a su favor de que si no cumplen retrotraen la donación y recuperan su propiedad.
Entonces resulta más que lógico que el Gobierno Provincial haya fijado un plazo de tiempo de un año prorrogable por uno más, para hacer un análisis de la situación territorial respecto de las áreas protegidas, tratando de evitar que la decisión sobre las mismas se deposite en organizaciones privadas nacionales e internacionales.
Como prueba citamos el caso del Parque Nacional Monte León, creado con obnubilantes objetivos turísticos, sociales y de conservación pero cuyos resultados han sido demoledoramente negativos desde cualquier punto de vista.
Por ello nos parece injusto y tendencioso el artículo que acusa al Gobierno Provincial de ser el primero en la historia en prohibir la protección de la naturaleza, injusto porque no prohíbe las áreas protegidas, suspende su creación por doce meses prorrogable por igual plazo, y tendencioso porque con ello se pretende que los Estados Nacionales y Provinciales, se sigan cargando de áreas protegidas, obligándose con condiciones costosas de asumir en lo económico, e imposibles en lo ambiental, con la posibilidad cierta que a futuro deban devolver la propiedad de las tierras a sus donantes.
Cuál es la razón de acusar al Gobierno Provincial de ser el primero en la historia en prohibir la protección de la naturaleza, es la urgencia de los donantes en constituir áreas protegidas para poder eximirse del pago de impuestos en sus países de origen,
y estos fondos aplicarlos a la compra de tierras que se "donan" con cargos imposibles de cumplir, que las fundaciones con sus nombres recuperarán con el tiempo, luego que los Estados Nacionales y Provinciales hayan realizado las inversiones necesarias para mantenerlos y mejorarlos, con el esfuerzo y sacrificio de todos los contribuyentes.
Por ello apoyamos la decisión del Gobierno Provincial al sancionar la Ley 3692, e instamos a los organismos del Gobierno Nacional, como Parques Nacionales y la Agencia de Bienes del Estado a analizar las donaciones y cargos que les han impuesto a las mismas, y si realmente es el interés conservacionista el que guía a los donantes, que renuncien a la posibilidad de retrotraer las donaciones.
En especial requerimos de los organismos pertinentes de aplicación de la Ley de Áreas de Frontera nº 18.575/70 y Decreto 1.182/87, y Ley de Zonas de Seguridad de Fronteras 12.913, hagan público cómo ha sido posible que ciudadanos extranjeros adquirieran tierras sobre la frontera misma, como las de estancia "El Rincón" que fue adquirida por Douglas Rainsford Tompkins y cuya donación con cargos fue aceptada por la Administración de Parques Nacionales.
Desde el sector ganadero por cierto no ocultamos la intención de que no se siga sustrayendo territorio a la actividad productiva que representamos, y nos avenimos a realizar la misma con la mejores prácticas para preservar la naturaleza, en el convencimiento de que no es nuestra actividad la responsable de los grandes deterioros ambientales que soporta nuestro planeta.
La conservación quiere el control de todas las nacientes de las aguas provinciales, para su visión monolítica y no inclusiva. Contrariamente la ganadería considera importante el aporte de todos los actores de la sociedad y el desarrollo en armonía. Con la lana de Santa Cruz se producen varias millones de prendas por año y por otro lado es el objetivo de largo plazo lograr el autoabastecimiento de carne, en pos de la soberanía alimentaria; para ello, debemos tener previsibilidad y seguridad jurídica. Hablando de sustentabilidad, todo el ganado provincial consume menos agua que una ciudad de 100.000 habitantes.
También desde nuestro sector reivindicamos la gesta de los primeros pobladores que con sus majadas no solo generaron riquezas para nuestra provincia y nación, sino que cimentaron la soberanía territorial, y no queremos que ese sacrificio quede condicionado a obligaciones o cargo alguno que permita que tierras genuinamente argentinas queden en titularidad de extranjeros.
FIAS (Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz)
Adhieren:
Federación de Sociedades Rurales del Chubut
Federación de Sociedades Rurales de Río Negro
Sociedad Rural del Neuquén
Asociación Rural de Tierra del Fuego
CARBAP
CRA
CAFROPAT (Cámara de Frigoríficos de la Patagonia)
FLA (Federación Lanera Argentina)
IPG (Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz)
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Santa Cruz es la provincia con más tierras protegidas en el país. Con la sanción de la ley 3.692,denominada de ordenamiento territorial, decide tomar la responsabilidad que como Provincia soberana le corresponde, frente al avance de organizaciones ecologistas internacionales, propiciadas por millonarios internacionales, que deciden sin planificación alguna, determinar áreas protegidas en países subdesarrollados, obedeciendo a objetivos e intereses nunca confesados.
"Es decir, en otras partes del mundo se decide sobre la naturaleza de los países posicionados en un lugar dependiente" Revista de Geografía e Ecología Política, Volumen 2, Número 1,2020, pp.228-269. ISSN: 2674-6816 del artículo "Han tomado la parte del fondo: La territorialización del Parque Nacional Patagonia, Santa Cruz (Argentina)" de Brenda Sofía Ponzi.
Un ejemplo de ello es el Parque Nacional Patagonia, que en marzo de 2013 se aprueba por ley Provincial 3.306, que cede al Estado Nacional jurisdicción y dominio sobre dos parcelas fiscales que suman 18.799,3 hectáreas y 34.011,6 hectáreas de estancia El Saúco, lo que constituyó el núcleo central de 52.810,9 hectáreas del Parque Nacional Patagonia constituido por ley nacional 27.081 de 2015, y que fuera concebido una tarde de abril del 2011 por los millonarios Douglas Tompkins ( estadounidense) y Hansjörg Wyss (suizo).
La cesión de jurisdicción y dominio por ley Provincial 3.306 al Estado Nacional requería el cumplimiento de algunas condiciones en el plazo fijado de tres años, como la mensura, el alambrado perimetral, la custodia de las áreas cedidas, un plan de manejo ambiental, que ninguna se cumplió, sólo se cumplió declararlo Parque Nacional en ese plazo, lo que se concretó, como se dijo, por Ley Nacional 27.081.
En cumplimiento del plan de Tompkins - Wyss, que prevé un Parque Binacional en Chile de 270.000 has. y en Argentina de 500.000 has. Nada menos que toda la meseta del Lago Buenos Aires., la Fundación Flora y Fauna compró las estancias "La Ascención ", "Los Toldos", "El Sauce", "La Tapera", la veranada de "Laurak Bat", "Los Molles", "San Rafael" y "El Unco", que suman más de 150.000 has.
Es ante esta situación de avance de organizaciones ecologistas como Conservation Land Trust, Fundación Flora y Fauna, Fundación Rewilding, y del lado Chileno Patagonia Land Trust, que se transformó en Conservación Patagonia fusionándose con Tompkins Conservation ; resulta auspicioso que el Gobierno Provincial de la Gobernadora Alicia Kirchner haya decidido sancionar la Ley de Ordenamiento Territorial 3692, a fin de determinar fundadamente las áreas que deben ser protegidas por razones ambientales y ecológicas y las que están libradas a la actividad económica.
Estas organizaciones ambientalistas en nombre de la conservación y ecología ponen a los Estados Nacionales y Provinciales en la disyuntiva de aceptar donaciones de tierras
con cargo a que se constituyan áreas protegidas, decidiendo ellos, en lugar de los Estados soberanos; e imponiéndoles condiciones de conservación de alto costo, que ellos que se dicen interesados en la preservación ambiental, no asumen, y todo con la reserva a su favor de que si no cumplen retrotraen la donación y recuperan su propiedad.
Entonces resulta más que lógico que el Gobierno Provincial haya fijado un plazo de tiempo de un año prorrogable por uno más, para hacer un análisis de la situación territorial respecto de las áreas protegidas, tratando de evitar que la decisión sobre las mismas se deposite en organizaciones privadas nacionales e internacionales.
Como prueba citamos el caso del Parque Nacional Monte León, creado con obnubilantes objetivos turísticos, sociales y de conservación pero cuyos resultados han sido demoledoramente negativos desde cualquier punto de vista.
Por ello nos parece injusto y tendencioso el artículo que acusa al Gobierno Provincial de ser el primero en la historia en prohibir la protección de la naturaleza, injusto porque no prohíbe las áreas protegidas, suspende su creación por doce meses prorrogable por igual plazo, y tendencioso porque con ello se pretende que los Estados Nacionales y Provinciales, se sigan cargando de áreas protegidas, obligándose con condiciones costosas de asumir en lo económico, e imposibles en lo ambiental, con la posibilidad cierta que a futuro deban devolver la propiedad de las tierras a sus donantes.
Cuál es la razón de acusar al Gobierno Provincial de ser el primero en la historia en prohibir la protección de la naturaleza, es la urgencia de los donantes en constituir áreas protegidas para poder eximirse del pago de impuestos en sus países de origen,
y estos fondos aplicarlos a la compra de tierras que se "donan" con cargos imposibles de cumplir, que las fundaciones con sus nombres recuperarán con el tiempo, luego que los Estados Nacionales y Provinciales hayan realizado las inversiones necesarias para mantenerlos y mejorarlos, con el esfuerzo y sacrificio de todos los contribuyentes.
Por ello apoyamos la decisión del Gobierno Provincial al sancionar la Ley 3692, e instamos a los organismos del Gobierno Nacional, como Parques Nacionales y la Agencia de Bienes del Estado a analizar las donaciones y cargos que les han impuesto a las mismas, y si realmente es el interés conservacionista el que guía a los donantes, que renuncien a la posibilidad de retrotraer las donaciones.
En especial requerimos de los organismos pertinentes de aplicación de la Ley de Áreas de Frontera nº 18.575/70 y Decreto 1.182/87, y Ley de Zonas de Seguridad de Fronteras 12.913, hagan público cómo ha sido posible que ciudadanos extranjeros adquirieran tierras sobre la frontera misma, como las de estancia "El Rincón" que fue adquirida por Douglas Rainsford Tompkins y cuya donación con cargos fue aceptada por la Administración de Parques Nacionales.
Desde el sector ganadero por cierto no ocultamos la intención de que no se siga sustrayendo territorio a la actividad productiva que representamos, y nos avenimos a realizar la misma con la mejores prácticas para preservar la naturaleza, en el convencimiento de que no es nuestra actividad la responsable de los grandes deterioros ambientales que soporta nuestro planeta.
La conservación quiere el control de todas las nacientes de las aguas provinciales, para su visión monolítica y no inclusiva. Contrariamente la ganadería considera importante el aporte de todos los actores de la sociedad y el desarrollo en armonía. Con la lana de Santa Cruz se producen varias millones de prendas por año y por otro lado es el objetivo de largo plazo lograr el autoabastecimiento de carne, en pos de la soberanía alimentaria; para ello, debemos tener previsibilidad y seguridad jurídica. Hablando de sustentabilidad, todo el ganado provincial consume menos agua que una ciudad de 100.000 habitantes.
También desde nuestro sector reivindicamos la gesta de los primeros pobladores que con sus majadas no solo generaron riquezas para nuestra provincia y nación, sino que cimentaron la soberanía territorial, y no queremos que ese sacrificio quede condicionado a obligaciones o cargo alguno que permita que tierras genuinamente argentinas queden en titularidad de extranjeros.
FIAS (Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz)
Adhieren:
Federación de Sociedades Rurales del Chubut
Federación de Sociedades Rurales de Río Negro
Sociedad Rural del Neuquén
Asociación Rural de Tierra del Fuego
CARBAP
CRA
CAFROPAT (Cámara de Frigoríficos de la Patagonia)
FLA (Federación Lanera Argentina)
IPG (Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz)
