Reforma laboral: CRA afirmó en Diputados que la iniciativa permitirá generar más empleo formal en el campoEl vicepresidente de CRA, José Colombatto llevó la posición de CRA a la Reunión Conjunta de la Cámara de Diputados de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y legislación del trabajo.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) participó de la reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el vicepresidente 1° de la entidad, José Colombatto, expuso la posición institucional frente al proyecto de reforma laboral y, especialmente, sobre las modificaciones propuestas a la Ley 26.727 de Trabajo Agrario.
En representación de miles de productores de todo el país, Colombatto sostuvo que la discusión debe centrarse en el empleo real que se genera en el interior profundo. "No venimos a discutir teorías laborales abstractas.
Venimos a hablar del empleo que se crea todos los días en el campo argentino, donde empleador y trabajador no son partes anónimas sino personas que se conocen y dependen mutuamente", expresó.
Durante su intervención, advirtió que la normativa laboral, cuando se aleja de la realidad productiva, termina generando el efecto contrario al buscado: "Cuando la regulación se vuelve imprevisible, no protege al trabajador; lo expulsa del sistema formal. El principal derecho laboral es el empleo registrado. Todo lo demás depende de su existencia".
Colombatto remarcó que hoy existe un problema estructural en vastas zonas rurales, donde la contratación formal dejó de ser solo una cuestión jurídica para convertirse en un riesgo económico. "La incertidumbre no genera protección; genera informalidad. Un productor contrata cuando puede prever el futuro de su empresa. La previsibilidad es el verdadero incentivo al empleo registrado", afirmó.
Modificaciones a la Ley de Trabajo Agrario
El vicepresidente de CRA hizo especial hincapié en el Título XI del proyecto, que introduce cambios en la Ley 26.727. Señaló que el trabajo rural posee características propias -estacionalidad, ciclos biológicos, dependencia climática y dispersión territorial- que durante años fueron reguladas como si se tratara de una actividad urbana trasladada al campo.
En ese sentido, destacó que la reforma no elimina derechos esenciales, sino que reconoce la especificidad del trabajo agrario y facilita la registración. Subrayó como puntos centrales:
• Responsabilidad solidaria: La reforma ordena el régimen vigente, estableciendo que el responsable laboral es quien registra y emplea efectivamente al trabajador, excluyendo al propietario de la tierra o del equipamiento cuando no integra la relación laboral. "Esto no elimina derechos; elimina incertidumbre jurídica y favorece la formalidad", explicó.
• Contrato temporario y estacionalidad: La modificación del artículo 17 reconoce expresamente la naturaleza cíclica y estacional de muchas tareas rurales, evitando que la reiteración de contrataciones para una misma campaña convierta automáticamente el vínculo en permanente. "Cuando la ley reconoce la estacionalidad, no se precariza el empleo; se lo vuelve registrable", sostuvo.
• Negociación colectiva en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario: El proyecto prevé que las remuneraciones sean acordadas entre representantes de empleadores y trabajadores mediante negociación colectiva, quedando el Estado como autoridad de aplicación y homologación. "No es un retiro del Estado, sino una normalización que acerca el régimen agrario al modelo paritario argentino y permite adaptar condiciones a cada realidad regional", afirmó.
Formalización y arraigo
Para CRA, la formalización no es solo un objetivo jurídico, sino una necesidad social. En el interior del país, el empleo registrado significa acceso a salud, aportes jubilatorios, cobertura de riesgos y arraigo territorial. "Si logramos que más trabajadores estén dentro del sistema, que más empleadores contraten sin temor y que la relación laboral vuelva a basarse en la continuidad productiva y no en el conflicto permanente, habremos fortalecido el derecho laboral", concluyó Colombatto.
Finalmente, en nombre de Confederaciones Rurales Argentinas, solicitó a los legisladores acompañar la reforma como una política pública destinada a recuperar el empleo registrado, especialmente en las economías regionales y en el interior productivo del país.
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Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) participó de la reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el vicepresidente 1° de la entidad, José Colombatto, expuso la posición institucional frente al proyecto de reforma laboral y, especialmente, sobre las modificaciones propuestas a la Ley 26.727 de Trabajo Agrario.
En representación de miles de productores de todo el país, Colombatto sostuvo que la discusión debe centrarse en el empleo real que se genera en el interior profundo. "No venimos a discutir teorías laborales abstractas.
Venimos a hablar del empleo que se crea todos los días en el campo argentino, donde empleador y trabajador no son partes anónimas sino personas que se conocen y dependen mutuamente", expresó.
Durante su intervención, advirtió que la normativa laboral, cuando se aleja de la realidad productiva, termina generando el efecto contrario al buscado: "Cuando la regulación se vuelve imprevisible, no protege al trabajador; lo expulsa del sistema formal. El principal derecho laboral es el empleo registrado. Todo lo demás depende de su existencia".
Colombatto remarcó que hoy existe un problema estructural en vastas zonas rurales, donde la contratación formal dejó de ser solo una cuestión jurídica para convertirse en un riesgo económico. "La incertidumbre no genera protección; genera informalidad. Un productor contrata cuando puede prever el futuro de su empresa. La previsibilidad es el verdadero incentivo al empleo registrado", afirmó.
Modificaciones a la Ley de Trabajo Agrario
El vicepresidente de CRA hizo especial hincapié en el Título XI del proyecto, que introduce cambios en la Ley 26.727. Señaló que el trabajo rural posee características propias -estacionalidad, ciclos biológicos, dependencia climática y dispersión territorial- que durante años fueron reguladas como si se tratara de una actividad urbana trasladada al campo.
En ese sentido, destacó que la reforma no elimina derechos esenciales, sino que reconoce la especificidad del trabajo agrario y facilita la registración. Subrayó como puntos centrales:
• Responsabilidad solidaria: La reforma ordena el régimen vigente, estableciendo que el responsable laboral es quien registra y emplea efectivamente al trabajador, excluyendo al propietario de la tierra o del equipamiento cuando no integra la relación laboral. "Esto no elimina derechos; elimina incertidumbre jurídica y favorece la formalidad", explicó.
• Contrato temporario y estacionalidad: La modificación del artículo 17 reconoce expresamente la naturaleza cíclica y estacional de muchas tareas rurales, evitando que la reiteración de contrataciones para una misma campaña convierta automáticamente el vínculo en permanente. "Cuando la ley reconoce la estacionalidad, no se precariza el empleo; se lo vuelve registrable", sostuvo.
• Negociación colectiva en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario: El proyecto prevé que las remuneraciones sean acordadas entre representantes de empleadores y trabajadores mediante negociación colectiva, quedando el Estado como autoridad de aplicación y homologación. "No es un retiro del Estado, sino una normalización que acerca el régimen agrario al modelo paritario argentino y permite adaptar condiciones a cada realidad regional", afirmó.
Formalización y arraigo
Para CRA, la formalización no es solo un objetivo jurídico, sino una necesidad social. En el interior del país, el empleo registrado significa acceso a salud, aportes jubilatorios, cobertura de riesgos y arraigo territorial. "Si logramos que más trabajadores estén dentro del sistema, que más empleadores contraten sin temor y que la relación laboral vuelva a basarse en la continuidad productiva y no en el conflicto permanente, habremos fortalecido el derecho laboral", concluyó Colombatto.
Finalmente, en nombre de Confederaciones Rurales Argentinas, solicitó a los legisladores acompañar la reforma como una política pública destinada a recuperar el empleo registrado, especialmente en las economías regionales y en el interior productivo del país.
