CRA advierte que el proyecto de ley de ecocidio pone en riesgo la seguridad jurídica y el estado de derechoComunicado de CRA.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresa su profunda preocupación ante el proyecto de ley que incorpora la figura del denominado "ecocidio" al Código Penal Argentino, iniciativa que obtuviera dictamen favorable en junio pasado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, y que sería tratado en la próxima sesión.
CRA sostiene que la protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, ese propósito no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional. El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con rigor jurídico y no bajo consignas que, lejos de fortalecer la protección ambiental, generen incertidumbre, discrecionalidad y conflictos judiciales. Resulta incorrecto afirmar que existe un vacío legal en materia ambiental.
La Argentina cuenta con un amplio entramado normativo, integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y numerosas leyes provinciales que prevén mecanismos de prevención, reparación y sanción frente a los daños ambientales. El verdadero desafío no es crear nuevos delitos con definiciones ambiguas, sino hacer cumplir eficazmente la legislación vigente.
El proyecto incorpora conceptos vagos e indeterminados como "daño ambiental irreversible", "equidad intergeneracional" o "afectación multiecosistémica", sin parámetros objetivos que permitan conocer con precisión qué conductas serán consideradas delito. Esa indeterminación vulnera el principio de legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y debilita una garantía esencial de todos los ciudadanos: la previsibilidad frente al poder punitivo del Estado.
A ello se suma que la iniciativa configura una ley penal en blanco, al remitir la definición del delito a normas nacionales, provinciales o incluso municipales. De este modo, una misma conducta podría ser considerada delito en una jurisdicción y no en otra, afectando la igualdad ante la ley y comprometiendo la uniformidad que debe caracterizar al derecho penal argentino.
También resulta preocupante la amplitud de las penas previstas y la posibilidad de que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos sean sometidos a procesos penales por decisiones adoptadas dentro del marco de actividades lícitas y reguladas. La amenaza de sanciones desproporcionadas puede paralizar inversiones, desalentar la producción y promover una judicialización permanente de la actividad económica.
El sector agropecuario argentino desarrolla su actividad bajo normas ambientales nacionales, provinciales y municipales, cumple con controles y permisos específicos y realiza inversiones permanentes para mejorar sus prácticas productivas. No puede ser colocado bajo sospecha mediante una figura penal que no distingue adecuadamente entre una conducta deliberadamente dañosa y una actividad productiva desarrollada conforme a la normativa vigente.
CRA advierte que este proyecto no sólo afecta al sector agropecuario. Su alcance podría extenderse a la industria, la minería, la energía, la infraestructura, el transporte y a cualquier actividad que utilice recursos naturales o intervenga sobre el territorio. La falta de precisión normativa abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, denuncias infundadas y decisiones judiciales contradictorias.
La protección ambiental exige políticas públicas serias, controles eficaces, planificación, educación, inversión y cumplimiento de las leyes existentes. No se fortalece el cuidado del ambiente mediante la creación de tipos penales ambiguos ni mediante la ampliación discrecional del poder punitivo del Estado.
CRA solicita a los legisladores que analicen el proyecto con responsabilidad institucional, rigor técnico y pleno respeto por los principios constitucionales. La defensa del ambiente debe ser compatible con la seguridad jurídica, el federalismo, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y el desarrollo productivo.
La Argentina necesita reglas claras, previsibles y aplicables, no nuevas herramientas de incertidumbre que puedan ser utilizadas para perseguir actividades lícitas o condicionar el desarrollo de las economías regionales. Por ello, CRA considera que el proyecto de ley de ecocidio, tal como fue dictaminado, debe ser revisado integralmente y no avanzar hasta garantizar que cualquier modificación del Código Penal respete estrictamente los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley.
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Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresa su profunda preocupación ante el proyecto de ley que incorpora la figura del denominado "ecocidio" al Código Penal Argentino, iniciativa que obtuviera dictamen favorable en junio pasado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, y que sería tratado en la próxima sesión.
CRA sostiene que la protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, ese propósito no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional. El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con rigor jurídico y no bajo consignas que, lejos de fortalecer la protección ambiental, generen incertidumbre, discrecionalidad y conflictos judiciales. Resulta incorrecto afirmar que existe un vacío legal en materia ambiental.
La Argentina cuenta con un amplio entramado normativo, integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y numerosas leyes provinciales que prevén mecanismos de prevención, reparación y sanción frente a los daños ambientales. El verdadero desafío no es crear nuevos delitos con definiciones ambiguas, sino hacer cumplir eficazmente la legislación vigente.
El proyecto incorpora conceptos vagos e indeterminados como "daño ambiental irreversible", "equidad intergeneracional" o "afectación multiecosistémica", sin parámetros objetivos que permitan conocer con precisión qué conductas serán consideradas delito. Esa indeterminación vulnera el principio de legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y debilita una garantía esencial de todos los ciudadanos: la previsibilidad frente al poder punitivo del Estado.
A ello se suma que la iniciativa configura una ley penal en blanco, al remitir la definición del delito a normas nacionales, provinciales o incluso municipales. De este modo, una misma conducta podría ser considerada delito en una jurisdicción y no en otra, afectando la igualdad ante la ley y comprometiendo la uniformidad que debe caracterizar al derecho penal argentino.
También resulta preocupante la amplitud de las penas previstas y la posibilidad de que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos sean sometidos a procesos penales por decisiones adoptadas dentro del marco de actividades lícitas y reguladas. La amenaza de sanciones desproporcionadas puede paralizar inversiones, desalentar la producción y promover una judicialización permanente de la actividad económica.
El sector agropecuario argentino desarrolla su actividad bajo normas ambientales nacionales, provinciales y municipales, cumple con controles y permisos específicos y realiza inversiones permanentes para mejorar sus prácticas productivas. No puede ser colocado bajo sospecha mediante una figura penal que no distingue adecuadamente entre una conducta deliberadamente dañosa y una actividad productiva desarrollada conforme a la normativa vigente.
CRA advierte que este proyecto no sólo afecta al sector agropecuario. Su alcance podría extenderse a la industria, la minería, la energía, la infraestructura, el transporte y a cualquier actividad que utilice recursos naturales o intervenga sobre el territorio. La falta de precisión normativa abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, denuncias infundadas y decisiones judiciales contradictorias.
La protección ambiental exige políticas públicas serias, controles eficaces, planificación, educación, inversión y cumplimiento de las leyes existentes. No se fortalece el cuidado del ambiente mediante la creación de tipos penales ambiguos ni mediante la ampliación discrecional del poder punitivo del Estado.
CRA solicita a los legisladores que analicen el proyecto con responsabilidad institucional, rigor técnico y pleno respeto por los principios constitucionales. La defensa del ambiente debe ser compatible con la seguridad jurídica, el federalismo, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y el desarrollo productivo.
La Argentina necesita reglas claras, previsibles y aplicables, no nuevas herramientas de incertidumbre que puedan ser utilizadas para perseguir actividades lícitas o condicionar el desarrollo de las economías regionales. Por ello, CRA considera que el proyecto de ley de ecocidio, tal como fue dictaminado, debe ser revisado integralmente y no avanzar hasta garantizar que cualquier modificación del Código Penal respete estrictamente los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley.
