Por la sequía, prorrogan el pago de impuestos y prometen más ayudaSon medidas contempladas en la Ley de Emergencia Agropecuaria, que desde ayer alcanza a otras cuatro provincias afectadas: La Pampa, Misiones, Neuquén y San Juan, que se suman así a Buenos Aires y Santa Fe.
Autoridades del Ministerio de Agricultura y las entidades de la Mesa de Enlace mantuvieron ayer lo que desde ambas partes calificaron como una reunión “positiva”, de claro perfil técnico, donde se abordaron las situaciones puntuales que atraviesa cada provincia y sector productivo, dejando de lado las declaraciones altisonantes que algunos dirigentes realizaron ante la sequía en el campo argentino.
El anuncio más importante hecho por el ministro Norberto Yauhar fue la decisión de extender los beneficios de la emergencia agropecuaria a otras cuatro provincias que experimentaron la falta de precipitaciones: La Pampa, Neuquén, Misiones y San Juan. Estos casos se sumaron a los de Buenos Aires y Santa Fe, donde ya se habían desplegado los mecanismos de ayuda y mitigación que dispone le Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria.
En lo concreto, para los chacareros que se vieron perjudicados por el déficit hídrico de fines de diciembre y comienzo de enero, la Comisión de Emergencia Agropecuaria viene disponiendo una serie de medidas de asistencia, principalmente, la distribución de partidas específicas del fondo de $ 500 millones que establece la ley, la exención de impuestos y la puesta en marcha de líneas crediticias.
En cuanto a Córdoba, que también sufrió la carencia de precipitaciones y se espera que en breve quede comprendida en la Ley 26.509, el Ministerio de Agricultura informó que se está aguardando la caída de las lluvias previstas para así poder tener un estado de situación preciso y cumplimentar la documentación exigida. Asimismo, las autoridades recordaron que es cada provincia la que debe decretar la emergencia en su territorio para darle pie a la intervención del gobierno nacional.
Durante la reunión también se decidió prorrogar la emergencia que desde octubre último rige en San Juan, que seguirá vigente hasta el 31 de mayo, a raíz de las heladas que afectan la región del Valle de Tulum y los departamentos de Ullum y Jachal, perjudicando al cultivo de olivos.
“Hemos abierto un escenario de diálogo con las entidades del campo para dar respuesta rápida a los efectos de las contingencias climáticas en las producciones locales”, declaró Yauhar al concluir el encuentro que se prolongó por aproximadamente tres horas y del que participaron los directivos de la Sociedad Rural (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales (CRA) y los cooperativistas de Coninagro. También estuvieron presentes representantes de las provincias afectadas –salvo Misiones– y de organismos convocados por ser importantes en la ejecución de las medidas a tomar: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Meteorológico Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Nación y el Banco Central.
La nota política volvió a darla el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, el único presidente de las cuatro entidades que forman la Mesa de Enlace que no asistió a la cita. Fue luego de una semana cargada de críticas furiosas al gobierno nacional, al ministro Yauhar y a las acciones dispuestas. En su lugar, acudieron los dos vicepresidentes federados, Guillermo Gianassi y Julián Currás.
Por fuera de toda polémica, tanto los representantes de la FAA como los del resto de las patronales chacareras, se mostraron de acuerdo con el rumbo que se fijó en la mesa de discusión, así como ante los compromisos asumidos por la cartera de Agricultura. De manera indirecta, Buzzi quedó solo en su cruzada por recrear un clima de agitación similar al de 2008, durante el conflicto por la Resolución 125 (ver aparte).
“La Mesa de Enlace acompaña estas medidas que estamos tomando. El encuentro sirvió para seguir monitoreando la situación de las diferentes regiones, con el compromiso de que la comisión continúe sesionando de manera permanente”, señalo Yauhar, quien anunció un nuevo encuentro para el próximo jueves 26 de enero a las 11 horas.
Desde Coninagro, su titular, Carlos Garetto, declaró que el cónclave significó “un paso adelante”, destacó que “lo importante es que haya voluntad política de que los recursos van a estar en tiempo y forma”, y se mostró satisfecho con la palabra empeñada de “asistir con los recursos que prevé la ley y también con todos los beneficios que se puedan aportar al productor de forma extraordinaria”.
Por su parte, Hugo Biolcati, de la SRA, lejos del tono belicoso de días atrás, sostuvo que “fue una reunión de trabajo muy positiva, de avance. Nos recibieron muy bien, por eso seguiremos trabajando junto al ministerio.” Con Buzzi, Biolcati había sido uno de los líderes chacareros que en los primeros días de la negociación con el gobierno habían salido a pedir la suspensión de las retenciones.
Yauhar recordó que, para dentro de ocho o diez días, las autoridades gubernamentales esperan el informe solicitado al INTA, al que se le encargó una evaluación pormenorizada del estado de los cultivos en cada partido o departamento de las áreas afectadas por el fenómeno climático. Ya con ese material disponible, se espera contar con elementos más exhaustivos a la hora de abordar las peculiaridades de un escenario que todas las partes involucradas califican como altamente heterogéneo.
“Ha quedado en claro la predisposición del gobierno nacional de trabajar en línea con los gobiernos provinciales, porque territorialmente nosotros necesitamos su respaldo”, explicó ayer el ministro Yauhar.
Autoridades del Ministerio de Agricultura y las entidades de la Mesa de Enlace mantuvieron ayer lo que desde ambas partes calificaron como una reunión “positiva”, de claro perfil técnico, donde se abordaron las situaciones puntuales que atraviesa cada provincia y sector productivo, dejando de lado las declaraciones altisonantes que algunos dirigentes realizaron ante la sequía en el campo argentino.
El anuncio más importante hecho por el ministro Norberto Yauhar fue la decisión de extender los beneficios de la emergencia agropecuaria a otras cuatro provincias que experimentaron la falta de precipitaciones: La Pampa, Neuquén, Misiones y San Juan. Estos casos se sumaron a los de Buenos Aires y Santa Fe, donde ya se habían desplegado los mecanismos de ayuda y mitigación que dispone le Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria.
En lo concreto, para los chacareros que se vieron perjudicados por el déficit hídrico de fines de diciembre y comienzo de enero, la Comisión de Emergencia Agropecuaria viene disponiendo una serie de medidas de asistencia, principalmente, la distribución de partidas específicas del fondo de $ 500 millones que establece la ley, la exención de impuestos y la puesta en marcha de líneas crediticias.
En cuanto a Córdoba, que también sufrió la carencia de precipitaciones y se espera que en breve quede comprendida en la Ley 26.509, el Ministerio de Agricultura informó que se está aguardando la caída de las lluvias previstas para así poder tener un estado de situación preciso y cumplimentar la documentación exigida. Asimismo, las autoridades recordaron que es cada provincia la que debe decretar la emergencia en su territorio para darle pie a la intervención del gobierno nacional.
Durante la reunión también se decidió prorrogar la emergencia que desde octubre último rige en San Juan, que seguirá vigente hasta el 31 de mayo, a raíz de las heladas que afectan la región del Valle de Tulum y los departamentos de Ullum y Jachal, perjudicando al cultivo de olivos.
“Hemos abierto un escenario de diálogo con las entidades del campo para dar respuesta rápida a los efectos de las contingencias climáticas en las producciones locales”, declaró Yauhar al concluir el encuentro que se prolongó por aproximadamente tres horas y del que participaron los directivos de la Sociedad Rural (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales (CRA) y los cooperativistas de Coninagro. También estuvieron presentes representantes de las provincias afectadas –salvo Misiones– y de organismos convocados por ser importantes en la ejecución de las medidas a tomar: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Meteorológico Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Nación y el Banco Central.
La nota política volvió a darla el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, el único presidente de las cuatro entidades que forman la Mesa de Enlace que no asistió a la cita. Fue luego de una semana cargada de críticas furiosas al gobierno nacional, al ministro Yauhar y a las acciones dispuestas. En su lugar, acudieron los dos vicepresidentes federados, Guillermo Gianassi y Julián Currás.
Por fuera de toda polémica, tanto los representantes de la FAA como los del resto de las patronales chacareras, se mostraron de acuerdo con el rumbo que se fijó en la mesa de discusión, así como ante los compromisos asumidos por la cartera de Agricultura. De manera indirecta, Buzzi quedó solo en su cruzada por recrear un clima de agitación similar al de 2008, durante el conflicto por la Resolución 125 (ver aparte).
“La Mesa de Enlace acompaña estas medidas que estamos tomando. El encuentro sirvió para seguir monitoreando la situación de las diferentes regiones, con el compromiso de que la comisión continúe sesionando de manera permanente”, señalo Yauhar, quien anunció un nuevo encuentro para el próximo jueves 26 de enero a las 11 horas.
Desde Coninagro, su titular, Carlos Garetto, declaró que el cónclave significó “un paso adelante”, destacó que “lo importante es que haya voluntad política de que los recursos van a estar en tiempo y forma”, y se mostró satisfecho con la palabra empeñada de “asistir con los recursos que prevé la ley y también con todos los beneficios que se puedan aportar al productor de forma extraordinaria”.
Por su parte, Hugo Biolcati, de la SRA, lejos del tono belicoso de días atrás, sostuvo que “fue una reunión de trabajo muy positiva, de avance. Nos recibieron muy bien, por eso seguiremos trabajando junto al ministerio.” Con Buzzi, Biolcati había sido uno de los líderes chacareros que en los primeros días de la negociación con el gobierno habían salido a pedir la suspensión de las retenciones.
Yauhar recordó que, para dentro de ocho o diez días, las autoridades gubernamentales esperan el informe solicitado al INTA, al que se le encargó una evaluación pormenorizada del estado de los cultivos en cada partido o departamento de las áreas afectadas por el fenómeno climático. Ya con ese material disponible, se espera contar con elementos más exhaustivos a la hora de abordar las peculiaridades de un escenario que todas las partes involucradas califican como altamente heterogéneo.
“Ha quedado en claro la predisposición del gobierno nacional de trabajar en línea con los gobiernos provinciales, porque territorialmente nosotros necesitamos su respaldo”, explicó ayer el ministro Yauhar.