El precedente que deja la Corte con la Ley de TierrasAl suspender la derogaci髇 de la Ley de Tierras Rurales sin competencia, sin caso y sin da駉 acreditado, la Corte habilita a cualquier juez a frenar leyes y decretos con la sola invocaci髇 de lo ambiental.
El 9 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Naci髇 suspendi� en forma provisoria el art韈ulo del DNU 70/2023 que hab韆 derogado la Ley de Tierras Rurales. M醩 all� de lo que cada uno piense sobre la compra de campos por extranjeros -un debate leg韙imo, que le corresponde al Congreso-, lo verdaderamente grave del fallo es el camino que abre: con la sola invocaci髇 del "ambiente", sin acreditar da駉 alguno, un juez puede suspender los efectos de una ley o de un decreto para todo el pa韘.
Los antecedentes
En diciembre de 2023, el art韈ulo 154 del DNU 70/2023 derog� la Ley 26.737, que desde 2011 limitaba la adquisici髇 de tierras rurales por personas y sociedades extranjeras. Ese mismo a駉, una legisladora rionegrina, la Asociaci髇 Civil "羠bol de Pie" y representantes de comunidades ind韌enas pidieron ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche que se declarara inconstitucional esa derogaci髇 y que, mientras tanto, se la suspendiera. El juez no resolvi� el pedido y envi� el expediente a la C醡ara Federal de La Plata, donde tramitaba un reclamo similar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (C.E.C.I.M.); la C醡ara lo elev� a la Corte junto con aquel.
En esa causa, la justicia federal de La Plata hab韆 suspendido la derogaci髇 en 2024, de modo que la Ley de Tierras sigui� aplic醤dose mientras el expediente llegaba a la Corte. El 29 de septiembre de este a駉, la Corte rechaz� la demanda de C.E.C.I.M. porque esa entidad no estaba legitimada para plantearla, y con ello cay� la suspensi髇. Diez d韆s despu閟, al devolver a Bariloche el expediente de "羠bol de Pie", la mayor韆 del Tribunal suspendi� el art韈ulo 154 "hasta tanto el juez competente se pronuncie sobre la legitimaci髇 de todos los actores y examine su solicitud de medida cautelar". Desde entonces vuelven a regir los l韒ites de la Ley de Tierras. El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, vot� en contra.
Una cautelar sin competencia, sin caso y sin da駉
La propia mayor韆 reconoci� que en ese expediente no exist韆 acci髇 ni recurso que habilitara la intervenci髇 de la Corte. Aun as�, dict� una medida con efectos para todo el pa韘.
Tampoco se sabe todav韆 si quienes demandaron estaban habilitados para hacerlo: la suspensi髇 rige justamente hasta que un juez lo determine. Es el mismo defecto por el cual, diez d韆s antes, la Corte hab韆 rechazado la demanda de C.E.C.I.M. Sin embargo, esta vez no impidi� neutralizar una norma vigente.
Y no se acredit� ning鷑 da駉. La mayor韆 invoc� la protecci髇 del ambiente, pero no identific� un solo campo, una sola operaci髇 ni un solo perjuicio ambiental en curso, ni explic� la urgencia. Si lo que se quiso evitar fue que, ca韉a la suspensi髇 de C.E.C.I.M., se consolidaran ventas en los d韆s siguientes, hab韆 que decirlo y probarlo, y aun as� el remedio deb韆 ser acotado, no una suspensi髇 general y sin plazo. Lo que se preserv�, adem醩, fue el efecto de una medida dictada a favor de quien, seg鷑 la propia Corte, no ten韆 legitimaci髇 para pedirla. Como se馻l� Rosenkrantz, "el simple cambio de titularidad de la tierra no es indicativo per se de peligro ambiental alguno": todo propietario, argentino o extranjero, est� obligado a cumplir las normas ambientales.
El verdadero problema: un precedente que abre todas las puertas
El derecho ambiental argentino otorga a los jueces herramientas excepcionales, y con raz髇. La Ley General del Ambiente les permite adoptar medidas aun sin pedido de parte, y la ley de cautelares contra el Estado admite que, en materia ambiental, una medida dictada por un juez incompetente conserve eficacia. Son facultades pensadas para situaciones de riesgo real y concreto: un desmonte en marcha, un r韔 contaminado, una comunidad sin agua.
Lo que el fallo hace es desligar esas herramientas de su presupuesto. Si basta con calificar de "ambiental" una pretensi髇 para sortear la falta de competencia, la falta de legitimaci髇 y la falta de un da駉 acreditado, la palabra se convierte en una llave maestra. Cualquier norma -una ley, un decreto, una resoluci髇- podr韆 quedar suspendida por un juez, con efectos generales y sin plazo, a pedido de quien logre vincularla, aunque sea en t閞minos gen閞icos, con el ambiente.
La Corte hab韆 establecido el criterio contrario. En el caso "Thomas", de 2010, revoc� una cautelar que hab韆 suspendido toda la Ley de Medios a pedido de un diputado, y sostuvo que una medida que neutraliza una norma con efectos generales tiene una significativa incidencia sobre la divisi髇 de poderes y debe evaluarse con criterios especialmente estrictos.
Repiti� ese est醤dar en 2012, al levantar la suspensi髇 de art韈ulos centrales de la Ley de Glaciares, y en 2014 en otra causa ambiental. En "羠bol de Pie", la mayor韆 no explic� por qu� dejaba de aplicarlo.
Se dir� que se trata de una decisi髇 excepcional y provisoria, y la mayor韆 se ocup� de aclarar que respond韆 a las circunstancias del caso. Pero los fallos de la Corte no se leen solo por su parte resolutiva: los jueces de todo el pa韘 toman sus razones como gu韆. Y la raz髇 que queda es que la mera menci髇 del ambiente alcanza.
Por qu� debe preocupar al productor
Para quien es due駉 de un campo, el efecto inmediato es concreto. Vuelve a achicarse el universo de quienes pueden comprarle o asociarse con 閘: la Ley 26.737 alcanza no solo a las personas de otra nacionalidad, aunque vivan en el pa韘, sino tambi閚 a las sociedades con mayor韆 de capital extranjero, con topes por provincia, municipio y nacionalidad, y proh韇e directamente que adquieran campos con cuerpos de agua de envergadura y permanentes o ubicados en zona de seguridad de frontera.
Pero el riesgo mayor est� en el precedente.
La actividad agropecuaria se desarrolla, por definici髇, sobre recursos naturales: suelo, agua, monte, fauna. Si la invocaci髇 gen閞ica del ambiente basta para suspender normas sin acreditar da駉, las reglas que ordenan esa actividad -sobre el uso del suelo, la producci髇, las obras o los permisos- quedan expuestas a ser neutralizadas por una medida provisoria, en un proceso del que el productor no es parte y en el que nadie lo escucha. Lo que hoy pas� con la Ley de Tierras ma馻na puede pasar con cualquier norma de la que dependa su trabajo.
Conclusi髇
La protecci髇 del ambiente es un mandato constitucional que nadie discute. Precisamente por eso no puede convertirse en un atajo para que los jueces sustituyan al Congreso y al Poder Ejecutivo sin cumplir los requisitos que la Constituci髇 y la propia Corte exigen. La divisi髇 de poderes no es una formalidad: es la garant韆 de que las reglas sobre la propiedad y el trabajo se fijan por ley, con debate y previsibilidad. Como sintetiz� la disidencia, "la mera referencia gen閞ica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas".
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El 9 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Naci髇 suspendi� en forma provisoria el art韈ulo del DNU 70/2023 que hab韆 derogado la Ley de Tierras Rurales. M醩 all� de lo que cada uno piense sobre la compra de campos por extranjeros -un debate leg韙imo, que le corresponde al Congreso-, lo verdaderamente grave del fallo es el camino que abre: con la sola invocaci髇 del "ambiente", sin acreditar da駉 alguno, un juez puede suspender los efectos de una ley o de un decreto para todo el pa韘.
Los antecedentes
En diciembre de 2023, el art韈ulo 154 del DNU 70/2023 derog� la Ley 26.737, que desde 2011 limitaba la adquisici髇 de tierras rurales por personas y sociedades extranjeras. Ese mismo a駉, una legisladora rionegrina, la Asociaci髇 Civil "羠bol de Pie" y representantes de comunidades ind韌enas pidieron ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche que se declarara inconstitucional esa derogaci髇 y que, mientras tanto, se la suspendiera. El juez no resolvi� el pedido y envi� el expediente a la C醡ara Federal de La Plata, donde tramitaba un reclamo similar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (C.E.C.I.M.); la C醡ara lo elev� a la Corte junto con aquel.
En esa causa, la justicia federal de La Plata hab韆 suspendido la derogaci髇 en 2024, de modo que la Ley de Tierras sigui� aplic醤dose mientras el expediente llegaba a la Corte. El 29 de septiembre de este a駉, la Corte rechaz� la demanda de C.E.C.I.M. porque esa entidad no estaba legitimada para plantearla, y con ello cay� la suspensi髇. Diez d韆s despu閟, al devolver a Bariloche el expediente de "羠bol de Pie", la mayor韆 del Tribunal suspendi� el art韈ulo 154 "hasta tanto el juez competente se pronuncie sobre la legitimaci髇 de todos los actores y examine su solicitud de medida cautelar". Desde entonces vuelven a regir los l韒ites de la Ley de Tierras. El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, vot� en contra.
Una cautelar sin competencia, sin caso y sin da駉
La propia mayor韆 reconoci� que en ese expediente no exist韆 acci髇 ni recurso que habilitara la intervenci髇 de la Corte. Aun as�, dict� una medida con efectos para todo el pa韘. Tampoco se sabe todav韆 si quienes demandaron estaban habilitados para hacerlo: la suspensi髇 rige justamente hasta que un juez lo determine. Es el mismo defecto por el cual, diez d韆s antes, la Corte hab韆 rechazado la demanda de C.E.C.I.M. Sin embargo, esta vez no impidi� neutralizar una norma vigente.
Y no se acredit� ning鷑 da駉. La mayor韆 invoc� la protecci髇 del ambiente, pero no identific� un solo campo, una sola operaci髇 ni un solo perjuicio ambiental en curso, ni explic� la urgencia. Si lo que se quiso evitar fue que, ca韉a la suspensi髇 de C.E.C.I.M., se consolidaran ventas en los d韆s siguientes, hab韆 que decirlo y probarlo, y aun as� el remedio deb韆 ser acotado, no una suspensi髇 general y sin plazo. Lo que se preserv�, adem醩, fue el efecto de una medida dictada a favor de quien, seg鷑 la propia Corte, no ten韆 legitimaci髇 para pedirla. Como se馻l� Rosenkrantz, "el simple cambio de titularidad de la tierra no es indicativo per se de peligro ambiental alguno": todo propietario, argentino o extranjero, est� obligado a cumplir las normas ambientales.
El verdadero problema: un precedente que abre todas las puertas
El derecho ambiental argentino otorga a los jueces herramientas excepcionales, y con raz髇. La Ley General del Ambiente les permite adoptar medidas aun sin pedido de parte, y la ley de cautelares contra el Estado admite que, en materia ambiental, una medida dictada por un juez incompetente conserve eficacia. Son facultades pensadas para situaciones de riesgo real y concreto: un desmonte en marcha, un r韔 contaminado, una comunidad sin agua.
Lo que el fallo hace es desligar esas herramientas de su presupuesto. Si basta con calificar de "ambiental" una pretensi髇 para sortear la falta de competencia, la falta de legitimaci髇 y la falta de un da駉 acreditado, la palabra se convierte en una llave maestra. Cualquier norma -una ley, un decreto, una resoluci髇- podr韆 quedar suspendida por un juez, con efectos generales y sin plazo, a pedido de quien logre vincularla, aunque sea en t閞minos gen閞icos, con el ambiente. La Corte hab韆 establecido el criterio contrario. En el caso "Thomas", de 2010, revoc� una cautelar que hab韆 suspendido toda la Ley de Medios a pedido de un diputado, y sostuvo que una medida que neutraliza una norma con efectos generales tiene una significativa incidencia sobre la divisi髇 de poderes y debe evaluarse con criterios especialmente estrictos.
Repiti� ese est醤dar en 2012, al levantar la suspensi髇 de art韈ulos centrales de la Ley de Glaciares, y en 2014 en otra causa ambiental. En "羠bol de Pie", la mayor韆 no explic� por qu� dejaba de aplicarlo. Se dir� que se trata de una decisi髇 excepcional y provisoria, y la mayor韆 se ocup� de aclarar que respond韆 a las circunstancias del caso. Pero los fallos de la Corte no se leen solo por su parte resolutiva: los jueces de todo el pa韘 toman sus razones como gu韆. Y la raz髇 que queda es que la mera menci髇 del ambiente alcanza.
Por qu� debe preocupar al productor
Para quien es due駉 de un campo, el efecto inmediato es concreto. Vuelve a achicarse el universo de quienes pueden comprarle o asociarse con 閘: la Ley 26.737 alcanza no solo a las personas de otra nacionalidad, aunque vivan en el pa韘, sino tambi閚 a las sociedades con mayor韆 de capital extranjero, con topes por provincia, municipio y nacionalidad, y proh韇e directamente que adquieran campos con cuerpos de agua de envergadura y permanentes o ubicados en zona de seguridad de frontera. Pero el riesgo mayor est� en el precedente.
La actividad agropecuaria se desarrolla, por definici髇, sobre recursos naturales: suelo, agua, monte, fauna. Si la invocaci髇 gen閞ica del ambiente basta para suspender normas sin acreditar da駉, las reglas que ordenan esa actividad -sobre el uso del suelo, la producci髇, las obras o los permisos- quedan expuestas a ser neutralizadas por una medida provisoria, en un proceso del que el productor no es parte y en el que nadie lo escucha. Lo que hoy pas� con la Ley de Tierras ma馻na puede pasar con cualquier norma de la que dependa su trabajo.
Conclusi髇
La protecci髇 del ambiente es un mandato constitucional que nadie discute. Precisamente por eso no puede convertirse en un atajo para que los jueces sustituyan al Congreso y al Poder Ejecutivo sin cumplir los requisitos que la Constituci髇 y la propia Corte exigen. La divisi髇 de poderes no es una formalidad: es la garant韆 de que las reglas sobre la propiedad y el trabajo se fijan por ley, con debate y previsibilidad. Como sintetiz� la disidencia, "la mera referencia gen閞ica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas".
